El aún vigente Real Decreto Ley 16/2012 establece diferencias en función de la situación administrativa de cada persona limitando el acceso a la asistencia sanitaria. La diferenciación entre ciudadanos «con» y «sin» derecho a ser asistidos supone la pérdida del derecho fundamental de la salud, convirtiéndolo en un privilegio. Así, restringe la universalidad mediante la transformación del sistema sanitario público universal en un sistema de seguros y reduce la justicia social al perder equidad.
A pesar de que este RDL afecta a toda la población, ya que se ha perdido la protección que nos daba una cobertura sanitaria universal, afecta especialmente a los cientos de miles de personas que han sido excluidas del sistema y han perdido el derecho a recibir atención salvo en situaciones muy específicas y urgentes. Entre ellas se encuentran algunas personas en situación regular y nacionales, así como la totalidad de las que están en situación irregular. Una vez más, las desigualdades sociales agravan las inequidades en salud, siendo las personas en situación irregular, las que más necesitan de este derecho, las principales perjudicadas.
Además, conviene recordar que desde la aplicación del RDL, se han registrado y denunciado muchas irregularidades en la supuesta atención obligatoria que contempla dicha normativa, en algunos casos incluso con muertes.
La privación del derecho a la salud a las personas en situación irregular, afecta al pleno respeto y salvaguarda del derecho a la vida humana. Privar de asistencia sanitaria a la población, puede conducir a la muerte a un gran número de personas que sufran o puedan sufrir enfermedades físicas, mentales, agudas, crónicas, prevenibles, tratables o acompañables.
Ante esta situación, varias Comunidades Autónomas (CCAA) adoptaron normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario, normas que fueron recurridas por el Gobierno Central.
Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas en el RDL 16/2012, a través de la sentencia 134/2017, por inconstitucionalidad. Posteriormente ha hecho lo mismo con la regulación valenciana, quedando expuestas a ser anuladas las distintas normativas de las CCAA.
Varias organizaciones (SEMFyC, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Res Acoge y Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER)) denuncian que la sentencia 134/2017 contraviene «obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario con la reforma del 2012».
Esta sentencia del TC establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el número de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal.
Impedir que las CCAA intenten salvaguardar la universalidad de la sanidad atenta contra el deber del propio estado de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr la plena efectividad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España en 1976, y tras la firma por parte de los partidos políticos de la oposición del «Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal» el pasado 12 de septiembre.
De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativas que amplíen el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.
Parece que, si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de la poblaciones excluidas del sistema sanitario.
Queremos ofrecer nuestro apoyo a las organizaciones que trabajan para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, así como de esta sentencia en particular; y como ellas, solicitamos que se lleven a cabo las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España.
Por todo lo expuesto, desde La Cabecera exigimos la derogación del RDL 16/2012, siendo la única solución posible a esta situación de desigualdad e injusticia.
